La Fiscalía Federal N°2 logró un convenio ambiental con una empresa del Polo Petroquímico de Bahía Blanca

Medio Ambiente 11 de febrero de 2021 Por Redacción
Con participación de la UFIMA, se llegó a un acuerdo con la firma Profertil S.A. para procurar el desarrollo integrado y sustentable en esa zona industrial.

La jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, homologó el convenio ambiental que logró la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal federal Santiago Ulpiano Martinez, con la firma Profertil S.A, con el objetivo de lograr un equilibrio entre el desarrollo integrado y sustentable en esa zona industrial, a raíz de los hechos de contaminación que se sucedieron en la Ría y en el Estuario de Bahía Blanca. En el convenio colaboró la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González. La medida se inscribe en el marco de otros acuerdos, gestionados e impulsados por el Ministerio Público Fiscal, con empresas del Polo Petroquimico, incluyendo a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

GEDC1275El convenio se inicia por una medida cautelar que dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en el 2019, como derivación de una causa en la que fueron denunciadas varias empresas del Polo Petroquímico por presuntos delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo. La medida estableció la elaboración de un plan supervisado por el Ministerio Publico Fiscal, que tenga como fin diagramar inversiones futuras para asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la ría y del estuario, y que estableciera un equilibrio para la preservación del medioambiente.

El convenio ambiental

La fiscalía, con colaboración de la UFIMA, acordó un proyecto de sustentabilidad de la zona con la empresa Profertil S.A, firma que utiliza energías sustentables, produce y distribuye fertilizantes en los cultivos de los campos, y que no emplea metales ni hidrocarburos.

En el convenio, la empresa se comprometió a mejorar la calidad del efluente, mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente y a optimizar la utilización de recursos hídricos.

Asimismo, la jueza estableció la obligación de que la empresa presente informes que den cuenta del estado del avance y cumplimiento de la propuesta de formar trimestra y por el plazo de 18 meses, los cuales deberán ser evaluados por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y/o por una autoridad técnica que designe el MPF.

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