La "confesión" de "Pepín" Rodríguez Simón sobre su verdadero rol durante el macrismo

En máximo sigilo, y con la exigencia a la Justicia uruguaya de que su presentación sea secreta, el exoperador judicial de Mauricio Macri y hoy prófugo de la Justicia argentina –con pedido de captura de Interpol- Fabián “Pepín” Rodríguez Simón terminó por confesar, por escrito, cuál fue su verdadero rol durante la administración de Cambiemos, su intervención en causas, su incidencia para nombras a jueces de la Corte Suprema y cómo llevó adelante acciones que no estaban relacionadas con sus cargos formales. Fue, en sí, una confesión sobre su papel como operador judicial y que por ello sería ahora un “perseguido” que no puede regresar a la Argentina por temor a perder su seguridad y libertad.

Pero –sumado al reclamo de que no trascienda-, la jugada de “Pepín” tiene un doble objetivo. Por un lado, intentar conmover a la Comisión de Refugiados que depende de la ONU pero mucho más relevante, obturar el juicio de extradición solicitado por la jueza federal María Servini ante la rebeldía del exoperador a presentarse a indagatoria que tramita ante el Juzgado Letrado en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1° Turno con intervención de la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Ricardo Lackner. Esa misión quedó a cargo de la defensa designada por “Pepín”, en el vecino país a través del tradicional bufete Sanguinetti. La presentación duplicada de Rodríguez Simón, también ante la Justicia, tuvo como fin dilatar cualquier extradición, más allá de que el refugio le fuera rechazado por ausencia de fundamentos. El foco está puesto sobre lo que pueda definir Lackner, quien solicitó antecedentes sobre un juicio de similares características que había requerido Paraguay, una táctica que termina siendo funcional al objetivo de Rodríguez Simón: ganar tiempo.

Documento

El documento de ampliación de fundamentos es extenso, voluminoso y con la táctica de “copy paste” de capturas de pantalla intercaladas sobre noticias, con un conveniente recorte de fuentes y detalles de color que, curiosamente, impresionaron para bien a la Justicia uruguaya. Una monografía sobre sí mismo intentando colocarse en situación de perseguido ideológico pero que, de camino, ratifica las sospechas sobre cómo fue su nivel de influencia durante el macrismo. Sin quererlo, (o sí por eso el requisito de que sea secreto), admite los cuestionamientos de los que fue objeto por ser el nexo entre jueces y el gobierno de Macri, en una actuación sin marco legal que lo coloca en la categoría de “operador”. Una contradicción que parece soslayada: “Pepín” se ufana en el escrito de haber sido el ideólogo de cómo y a quiénes se propuso como candidatos a jueces de la Corte Suprema de Argentina. ¿Cómo podría argumentar que ahora temía presentarse a declaración indagatoria en una causa con semejante nivel de influencia?

“Padezco una creciente persecución por mis opiniones, actuación y afiliación política que me hace temer por mi libertad y seguridad”, sostuvo “Pepín” ante la CORE, a la que le adjuntó la opinión del profesor de derecho Didier Opertti Badán. La desesperación por incorporar bibliografía y relacionarlas a las causas en curso en Argentina lo hizo tapizar de presentaciones a la CORE –cuyo dictamen siempre fue negativo al refugio- pero para extender la duración del juicio de extradición. Incluyó un llamativo glosario en el índice en el cual define a personas y lugares de manera particular. Para “Pepín”, Comodoro Py es como se denomina “un grupo de juzgados y fiscalías penales federales que, desde la última dictadura militar y también durante los gobiernos democráticos, fueron colonizados por agentes o colaboradores de los servicios de inteligencia locales, constituyendo una poderosa corporación extorsiva y al margen del derecho”. Al no hacer distinción, incluye a la administración que integró, cuya cúpula de la AFI está bajo investigación en múltiples causas de espionaje ilegal.

Sostuvo que es víctima de “proscripción política” y “hostigamiento mediático”, y “discurso de odio”. Adjunto tweets. Dijo que las denuncias penales en su contra son “descaradamente políticas y revanchistas”. Despotrica además contra periodistas y dirigentes del Frente de Todos, incluidos sus compañeros de Parlasur. La emprende hacia Servini, a quien apunta por haberse excusado pero también por continuar al frente de la pesquisa. En un pasaje acusó a “servicios de inteligencia de seguirlo”.

Pero de los párrafos más relevantes está “la inédita situación de presión sobre la justicia en general por parte del Gobierno y su red de medios”, algo que es precisamente la denuncia en espejo que atravesó la administración de Macri. Por ello fue llamado a indagatoria “Pepín”.

Acusó de “distorsiones sobre mi situación procesal” su pedido de captura internacional que avaló Interpol y reconoció que recibe información de “periodistas independientes” sobre su certeza a ser encarcelado. Y de esto culpabilizó a su prohibición de salida del país. Evitó así mencionar por qué jamás regresó para la indagatoria lo que disparó su pedido de captura.

Intercaladas noticias del diario La Nación, capturas de pantalla, twitter y recortes de revistas, el trabajo práctico atribuyó al “análisis” de periodistas independientes del “insólito y extraordinario estallido de una campaña de desprestigio” que habría encabezado el abogado Carlos Beraldi.

Rol oculto

Los “fundamentos objetivos” de su pedido de asilo que extrañamente tuvieron acogida por parte de la fiscalía uruguaya que nunca trató pedidos de estas características, se desarrolla como “Pepín” se unió a Macri en 2007. Describió cargos y roles –incluido su rol en el Ministerio de Ambiente, donde llegó a ser procesado por la UCEP (esto no lo menciona)- y se autodefinió como “interlocutor y enlace político del PRO con la Coalición Cívica, a nivel local (CABA), nacional y regional”. También se autodefinió como “interlocutor político del PRO con movimientos sociales de izquierda”, señalando a la CTEP de Juan Grabois, un nexo siempre sospechado, pero ahora confirmado.

“Como asesor ad honorem del GCBA fui enlace con el Gobierno Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri en temas políticos, jurídicos e interjurisdiccionales”, confesó, sin explayarse. Adjuntó fotos con Susan Sigal del “Counsil (sic) of Americas”. Hasta ahora, ese era un cargo inexistente. Mencionó que fue, siempre sin cobrar, asesor para la transferencia de los juegos de apuestas y citó una designación de apuro que fue firmada en 2016 cuando desde AGIP se extrañaron de su presencia en reuniones por esa discusión sin aval como Parlamentario del Mercosur o director de YPF, sus cargos fachada.

Todo terreno

“Soy abogado de confianza de Macri y de Rodríguez Larreta”, enunció a continuación, además de “consultor de cuestiones técnicas de derecho internacional”. “Soy íntimo amigo personal de José María Torello desde hace más de cuarenta años”, indicó. Es otro de los imputados por la mesa judicial y su interacción en la presión de jueces. Trascartón afirmó que fue abogado externo de Clarín y tuvo a su cargo “el diseño y ejecución de la estrategia jurídica que evitó que la Ley de Medios despojara a Clarín de sus medios”. Hasta escribió un libro. Así se erigió en el supuesto hombre más importante para el multimedios, según su visión y su presunta proeza.

“Soy amigo personal desde hace más de cuarenta años de Carlos Rosenkrantz, Ministro de la Corte desde 2016 y presidente desde 2018”, puntualizó, con una nota al pie elogiando al juez y su trayectoria. Agregó: como asesor “diseñé y coordiné la implementación de la estrategia político jurídica de transferencia de la actividad de juego en territorio porteño”. Pero en esa ensalada incluyó que durante su paso por la función protagonizó “varios episodios de importancia política simbólica que contribuyeron a levantar exageradamente mi perfil y exponerme a rencores personales y políticos”. Casi la descripción de cualquier político que así quedaría en condiciones de pedir asilo en el extranjero.

Metió en ese combo su plan para regularizar a los cartoneros que habría molestado al PJ porteño; la bronca de las empresas de limpieza y de Hugo Moyano; y se definió como articulador de “alianzas coyunturales y estructurales con fuerzas políticas, logrando canal de diálogo permanente y la concreción de proyectos legislativos”. Esa es precisamente la definición de un lobbysta.

Recordó su red de relaciones dentro del PRO y su lucha contra los fueros en el Parlasur, para mencionar que se ganó la antipatía de sus colegas.

Corte por decreto

“Pepín” abordó el capítulo de jueces de la Corte relatando la cronología de designación de Carlos Rosenkrantz y de Horacio Rosatti por decreto simple, al comienzo de su mandato. “Los candidatos habían sido sugeridos por mí a requerimiento de Macri cuando era candidato y la modalidad de designación provisoria había sido también sugerencia mía como una alternativa válida jurídicamente”, confesó Rodríguez Simón, subrayando en negrita cada letra de uno de los hechos más cuestionados de la gestión de Macri. De su boca jamás había salido la admisión de que sugirió los candidatos y que no pasaran por el Senado para rellenar la Corte. “Si bien la validez jurídica de la designación en comisión no fue cuestionada, sí lo fue la oportunidad política”, se excusó. Adjuntó captura de pantalla de una entrevista donde Macri afirmaba que el decreto había sido idea de su asesor. Pero hasta ahora nunca se había dicho que acercó los nombres cuando el expresidente era candidato.

“Enfrenté política y mediáticamente a la corporación judicial conocida en la Argentina como Comodoro Py”, afirmó en otro párrafo. No se conoce ninguna acción pública personal que haya protagonizado “Pepín”, lo que indirectamente lo coloca “enfrentando” a los jueces federales de manera subterránea. Increíblemente, admite que fue operador en las sombras.