Crece por dos frentes el escándalo del supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri

Por un lado el juzgado que conduce Federico Villena, que de a poco va comunicándole a las víctimas cómo fueron espiadas, y el Congreso, por donde estos días desfilan los supuestos victimarios (y también algunas víctimas) para revelar detalles de las maniobras.

Actualidad18/06/2020 Redacción
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La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia convocó para el viernes a la ex funcionaria del gobierno de Cambiemos Susana Martinengo para escuchar su versión sobre los hechos que la sindican como un engranaje clave en las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se investigan en el juzgado de Lomas de Zamora.

El escándalo por el supuesto espionaje desarrollado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante el gobierno de Mauricio Macri, crece por dos frentes: por un lado el juzgado que conduce Federico Villena, que de a poco va comunicándole a las víctimas cómo fueron espiadas, y el Congreso, por donde estos días desfilan los supuestos victimarios (y también algunas víctimas) para revelar detalles de las maniobras.

Antes de Martinengo, señalada en el Congreso por ex espías que dijeron llevarle información, están citados a la bicameral que conduce el diputado Leopoldo Moreau, los ex espías Jorge “Turco” Saez y Alan Ruiz y el periodista Carlos Pagni, quien figura entre las presuntas víctimas de la organización investigada.

Ruiz es el ex director de Operaciones Especiales de la AFI y está señalado en la investigación judicial como quien daba las órdenes a los Súper Mario Bross –tal como ellos se autodenominaron en un grupo de Whatssapp-, mientras Sáez aparece un escalón más abajo y fue el responsable de reclutar a varios de los espías investigados.

Tanto Martinengo como Sáez y Ruiz fueron mencionados en los últimos días por los ex espías Facundo Melo y Leandro Araque en sus respectivos pasos por la comisión del Congreso que los convocó para conocer los detalles del espionaje ilegal.

Los ex espías están obligados a asistir a las convocatorias del Parlamento, mientras que los civiles (como Pagni o Martinengo) podrían rechazarla.

En paralelo, avanza el expediente judicial que tiene en sus manos el juez Villena tras encontrar documentos sobre las operaciones de inteligencia en el teléfono de un ex espía al que llegó luego de que un narcotraficante detenido declarara que había sido contratado por la AFI para cometer un atentado en contra de José Luis Vila, un ex funcionario del Ministerio de Defensa de la gestión del radical Oscar Aguad.

Villena rechazó hoy apartarse de la causa por presunto espionaje ilegal a políticos y periodistas, al responder a una recusación en su contra presentada por los ex agentes de la AFI imputados en la pesquisa –Melo, Sáez y Araque- que lo señalaban como el juez que facilitó que fueran intervenidos los teléfonos del penal de Ezeiza, por lo que sostienen que no debería investigar supuestas maniobras de espionaje en esa cárcel.

"No soy ni he sido parte en los hechos ahora investigados", sostuvo Villena en la resolución en la que rechazó la recusación.

Los tres espías dijeron en su presentación haber realizado “tareas de inteligencia" con aval judicial y que, de hecho, uno de los magistrados que las autorizó fue Villena, en relación a escuchas realizadas al narcotraficante Mario Segovia, en la cárcel de Ezeiza.

Villena replicó que la investigación "se inició con motivo de una actuación cursada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que daba cuenta de una presunta organización delictiva que se dedicaría a la compra e ingresos en nuestro país de fabricación de materiales explosivos, por lo que al encontrarse el nombrado detenido, se dispusieron las intervenciones telefónicas pertinentes”.

También destacó que, al terminar esa investigación, ordenó destruir las escuchas, a pesar de lo cual algunas de ellas, que contenían comunicaciones de ex funcionarios kirchneristas detenidos, se difundieron en medios de comunicación.

Una de las novedades de la jornada fue que el juez pospuso para el lunes próximo las declaraciones del secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, y de su adjunto en el gremio, su hijo Pablo Moyano, quienes habían sido citados para hoy para que les fuera exhibido el material que probaría que fueron víctimas de espionaje.

Aunque no trascendieron los motivos del cambio, Télam pudo saber que fue por solicitud de uno de los convocados y que el juez pasó el encuentro para el lunes a las 11.

Esta semana también esperaban en Lomas de Zamora al ex presidente de la Cámara de Diputados durante el macrismo, Emilio Monzó, y al ex titular del bloque de Diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, en calidad de víctimas.

Sin embargo, esas visitas también se aplazarán como consecuencia de que a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le fuera detectado coronavirus y varios dirigentes de ese espacio político mantuvieron reuniones en los últimos días, por lo que decidieron aislarse.

Para mañana, está previsto el paso del ex intendente de La Plata Pablo Bruera, a quien el juez Villena le exhibirás las pruebas de espionaje en su contra, tal como ocurrió antes con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ya pidieron ser querellantes en la causa. 

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