En Casa Rosada aseguran que dentro del marco de la legalidad, las protestas son válidas, pero anticipan que de haber delito habrá represión.
Política03/04/2024 RedacciónEl Gobierno nacional monitorea el accionar de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que inician hoy un nuevo plan de lucha contra los despidos masivos de empleados públicos.
Al respecto, en Balcarce 50 anticiparon que ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales.
Un importante funcionario de la gestión libertaria analizó la metodología del gremio en el marco del reclamo y rechazó el ingreso de los trabajadores cesanteados a sus lugares de trabajo. “Si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda”, argumentó la misma fuente.
“Mientras se respete la la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito”, planteó ante la agencia Noticias Argentinas.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que los trabajadores que ocupen oficinas a pesar de sus despidos serán denunciados penalmente. “Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, remarcó.
“Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos”, puntualizó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).
El funcionario hace referencia al artículo 181 bis del Código Penal que establece penas de 3 a 5 años de prisión al que “empleare violencia o intimidación sobre las personas, turbare, destruyere u alterare los términos o límites de la cosa inmueble, para ocupar la misma despojando total o parcialmente de la posesión o tenencia, o del derecho real constituido sobre él”.
Fue el propio presidente Javier Milei el primero en alertar que “no va a dejar pasar” la ocupación de edificios, lo que llevó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a responsabilizarlo por las consecuencias de la represión. “Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo”, contestó el sindicalista en una entrevista televisiva.
Por la mañana, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos. A pesar de la directiva, en Casa Rosada no se observa un refuerzo de seguridad a la habitual.
Denuncia de ATE
En medio de la oleada de despidos de empleados públicos, Aguiar denunció 11 mil despidos, y prometió judicializar cada caso. “Es válido que lo hagan y están en su derecho”, se expresaron en las filas de la administración pública.
"Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos", contó el dirigente sindical en la red social X.
El titular del gremio que agrupa empleados de la administración pública acusó al Gobierno de “provocar cesantías masivas en el Estado” e indicó que "suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal".
El gobernador bonaerense habló sobre las “graves” consecuencias que está dejando la gestión de Javier Milei, al mismo tiempo en que destacó la importancia de la construcción de la planta de GNL en Bahía Blanca, en este contexto social y económico.
Desde el Poder Ejecutivo ven con buenos ojos la buena voluntad del sindicalismo para lograr consensos. La reunión será a agenda abierta, con la reglamentación del capítulo laboral de la ley Bases en el centro de la escena.
Es el chileno Rodrigo Valdés. Ahora la negociación con Argentina quedó en manos del director del caso argentino, Luis Cubeddu
El mandatario y el titular de Educación, Alberto Sileoni, firmaron junto a intendentes los convenios para la construcción de 19 nuevos edificios escolares.
La presentación está motivada porque el sindicalista advirtió que en la línea de bandera la situación iba a ponerse "mucho peor".
La iniciativa, que impulsaron en conjunto La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, cosechó 143 votos a favor, 87 en contra y cinco abstenciones.
El Gobierno consideró que se torna necesaria la transferencia de la compañía al sector privado.
La convocatoria principal se llevará a cabo a las 17 en la plaza del Congreso y tendrá réplicas en las principales ciudades de todas las provincias del país.
"Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico", advirtió.