Larreta anticipó que no asistirá a la reunión con el Gobierno por el traspaso de la Policía

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó hoy en una carta su decisión de no asistir a la reunión convocada por el Ejecutivo nacional para comenzar a tratar del traspaso de la policía al distrito capitalino.  

Rodríguez Larreta volvió a manifestar su malestar por la reducción aprobada por el Congreso de 3,5% a 2,32% del coeficiente de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires para destinarlo al Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires.

"Ante todo, quiero expresar que nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2° de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma", expuso el jefe de Gobierno porteño en una misiva.

En un texto dirigido a los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, el mandatario porteño agregó que "desde el primer momento, la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos".

"Pero consideramos que precisamente en este caso los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover”, sentenció. 

Asimismo, la carta sostiene que “la Ley viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que la firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional".

Vale recordar, que el gobierno nacional convocó a Rodríguez Larreta a la Casa Rosada para acordar los recursos que necesita la policía metropolitana para funcionar durante el 2021. En el llamado propuesto por De Pedro y Guzmán, propusieron "definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones”. 

Sin embargo, para el jefe de Gobierno, "se trata de una Ley que consagra una violación a la división de poderes, a la seguridad jurídica, a la estabilidad de los actos de gobierno, a la buena fe que debe regir las relaciones entre distintos niveles de gobierno y a la confianza legítima; y como consecuencia, se pretende poner de rodillas a la autonomía de la Ciudad".

"Para enmascarar esta intención, a través de un ilusorio convenio posterior se intenta legitimar esta Ley dentro de las exigencias de la Constitución Nacional, que establece como necesario el acuerdo previo de la Ciudad como jurisdicción afectada. Pero esto es sólo una ficción jurídica que pretende ocultar el verdadero propósito de violar la autonomía", cierra el escrito.