Macri envió armas al régimen de Áñez para reprimir la protesta social en Bolivia

El Gobierno de Bolivia denunció hoy que la administración de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina "material bélico" al régimen de Jeanine Añez para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo en las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata".

La información fue difundida a la prensa por el cancillerRogelio Mayta, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno de Juntos por el Cambio habría proporcionado a Añez, ante lo cual el presidente Alberto Fernández le envió una nota a su par boliviano, Luis Arce, para lamentar el hecho y expresarle su "dolor y vergüenza".

"Mauricio Macri proveyó por debajo 'material bélico' al régimen de facto de Jeanine Añez en 2019 para reprimir la protesta social y consolidarse en el gobierno por la fuerza, dijo Mayta en su cuenta de Twitter, y advirtió: "Las masacres de Sacaba y Senkata no pueden quedar en la impunidad".

El mensaje estuvo acompañado por la publicación de una nota de un militar boliviano a la embajada argentina, con fecha del 13 de noviembre de 2019, en la que se da por recibido el material y se adjunta un detalle del envío.

Por esos episodios, mañana, Añez debe declarar ante la Justicia de Bolivia.

Fernández, por su lado, lamentó la "colaboración" de Macri con las fuerzas militares de Bolivia que en 2019 perpetraron el golpe de Estado contra Evo Morales, y dijo sentir "dolor" y "vergüenza".

A través de una carta enviada a Arce, Fernández pidió disculpas en nombre del "pueblo argentino" después de que "se constatara" en el vecino país que desde Argentina "se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fueras sediciosas contra la población boliviana en esos días".

Mayta describió en una conferencia de prensa que "el Gobierno de Macri le dio a las fuerzas armadas bolivianas munición para reprimir las protestas del 2019; días después de este hecho se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata".

En tanto, medios bolivianos informaron que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que este viernes se tomará la declaración informativa a la expresidenta Áñez por las "masacres" de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 y que dejaron una veintena de muertos.

"Dentro de la proposición acusatoria por las víctimas de Sacaba y Senkata, se inició la investigación de juicio de privilegios a través de la Fiscalía General del Estado; por ello se ha previsto la declaración de la señora Jeanine Áñez para el día de mañana, que por medidas de bioseguridad se tomará en el penal de Miraflores (de La Paz)", dijo el fiscal.

Lanchipa agregó que se trasladarán a La Paz dos fiscales superiores, mientras él participará vía Zoom desde la ciudad de Sucre.

La acusación fue hecha el 1 de julio por un grupo de 20 personas entre víctimas y familiares de aquellos episodios.

Las masacres de Sacaba y Senkata

Las masacres ocurrieron después de que Añez ordenó la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones populares en favor de Morales.

Los hechos se produjeron el 15 de noviembre de 2017 "cuando una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves", informó La Razón, de Bolivia.

Recordó que "cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos".

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, con reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron por impactos de balas.

En esa ocasión el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas y dijo que los movilizados se mataron entre sí.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron masacres.

Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso Golpe de Estado.