Martínez presentó una queja por violación a la libertad sindical ante la OIT

El titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, presentó ante la jefa del Servicio de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Karen Curtis, una queja por violación a la libertad sindical en el gobierno macrista, luego de los dichos del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien aseguró querer "terminar con los gremios".

La denuncia de Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, fue acompañada y respaldada por el triunvirato que integran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, quienes solicitaron a la funcionaria del organismo laboral tripartito que "la central obrera sea incluida como querellante al momento de admitirse la queja".

Martínez enfatizó que la presentación apunta a denunciar "una serie de hechos, actos, videos y dichos ocurridos en 2017 y conocidos en diciembre último, en clara violación del derecho de libertad sindical reconocido y garantizado por los Convenios 87 y 98 de la OIT", y sostuvo que las afirmaciones de Villegas procuraron "criminalizar la actividad sindical en un abierto y nada inocente intento para disciplinar a las entidades gremiales disconformes con la realidad de entonces".

"En esa reunión Villegas impulsó la fabricación de una causa judicial penal contra el por entonces líder de la filial La Plata de la Uocra, Juan Pablo Medina, y alardeó incluso que el gobierno provincial de María Eugenia Vidal tenía para ello la colaboración de jueces, fiscales y la Procuración General. Meses después de ese encuentro en 2017 Medina fue encarcelado y procesado", afirmó Martínez.

En el escrito, Martínez aseguró que las declaraciones de Villegas implican "la orquestación de un operativo de persecución al sindicalismo e iniciación de causas judiciales, lo que entonces sospechaba el movimiento obrero", y agregó que Cambiemos montó "bases de espionaje ilegal" contra la dirigencia gremial.

Martínez repudió la gestión del expresidente Mauricio Macri, quien procuró imponer "un ambiente amigable para los inversores y libre de las rigideces y excesivos costos laborales", y sostuvo que esa gestión incursionó "en prácticas antisindicales denigratorias para con los trabajadores y los representantes de sus organizaciones".

"Ante la protesta sindical, Juntos por el Cambio implementó y profundizó las acciones represivas contra los trabajadores y sus sindicatos, mientras retrocedían los derechos laborales y se generaba una creciente conflictividad social. Hubo detenciones arbitrarias e inicio de causas judiciales", puntualizó el dirigente.

También sostuvo que "la apertura y sostenimiento en el tiempo de causas penales contra manifestantes, trabajadores y dirigentes fue parte de una estrategia estatal para criminalizar la protesta y sembrar el miedo como factor de disuasión".

Martínez agregó que se procuró utilizar "el derecho penal para penalizar no las conductas delictivas sino para elegir a determinadas personas y castigarlas por ser trabajadores y dirigentes sindicales de los sectores populares, que a diario son demonizados por los medios masivos de comunicación", afirmó en el escrito.

También denunció que en esa época se intervenían sindicatos con la complicidad judicial y que el Ministerio de Trabajo apeló a prácticas antisindicales denigrantes, como "las auditorías y las recomendaciones electorales a los gremios, entre otras".

Martínez presentó pruebas de la denuncia ante la OIT y reclamó que el organismo laboral tripartito admita "la queja y se constituya un caso sometido a exámen del Comité de Libertad Sindical; que apruebe que esos hechos son muy graves y merecen un urgente trámite; que requiera información detallada al Gobierno argentino y que garantice el pleno goce de los derechos y garantías gremiales".